INMIGRANTES: DE INVISIBLES A CIUDADANOS

                                                       

                                       

Ningún inmigrante se sube a un cayuco o a una lancha, se cuelga en una valla metálica, poniendo en peligro su vida (tenemos los mares de nuestras costas con miles de cadáveres) para hacer turismo en Europa. Viene porque las condiciones de vida en su país son frustrantes, insuficientes, no ya para un futuro sino para el mismo presente. La llegada de inmigrantes a España, especialmente de forma no legal, clandestina, sobre todo a nuestras costas mediterráneas y atlánticas, es un tema complejo, delicado y propenso a maximalismos. El joven que en un país africano trabaja la agricultura, la pesca o la construcción para llevar a su casa unos pocos euros al mes, sabe que en Europa se precisa mano de obra, que hay trabajo y oportunidades. Conoce  amigos y vecinos, ya instalados en la Unión Europea, que se han abierto futuro. Y se embarca en un cayuco o en una lancha tras pagar una cantidad a los negreros que comercian con ellos, una cantidad muy posiblemente recogida, a modo de préstamo, entre familiares, amigos y vecinos.

                                                     

   Y si no muere deshidratado o ahogado, llega a un territorio del que ignora la lengua, la geografía, las leyes y las costumbres. La mayoría son jóvenes sin apenas instrucción. Con suerte, además de su lengua local, manejan algo de francés o de inglés. Son acogidos por Cruz Roja, realizando un primer análisis, y por la Guardia Civil, que redacta los primeros datos.

   Después, sigue un itinerario por ONGs de diferentes provincias, en las que -como máximo- gozan de techo, ropa y comida, con posibles clases de español por un tiempo limitado. Como tienen móviles con conexión a Internet (comprados en su país, seguramente de segunda mano), también adquiridos con esfuerzo, pueden conectar con sus familias a través de aplicaciones gratuitas para decirles que han llegado vivos. Esas familias desconocen todo de la realidad española a la que acaba de llegar estos jóvenes y comienzan a pedirles urgentemente el envío de dinero para pagar agua, electricidad y comida. Y ahí comienza el “estrés” del inmigrante, acosado por unos y por otros.

                                                    

   Agotado el tiempo en la ONG, logra llegar a lugares donde tiene familiares lejanos, amigos, conocidos, que lo acogen en sus modestísimas viviendas porque la hospitalidad es un principio sagrado en el Islam, religión que practica la mayoría de ellos. Si su intención era seguir camino hacia otros países de Europa, pronto le convencen de que no vaya: allí hay expulsiones drásticas y racismo, además de no llegar a tener residencia en un muy largo tiempo. En general, no piensan que España sea un país racista, y sí, en cambio, de fácil acogida y con necesidad de trabajadores en agricultura, en la pesca y en la construcción. Con suerte, comienzan a trabajar en los campos andaluces, murcianos, valencianos y catalanes, sometidos a abusos de los agricultores que conocen su necesidad y su vulnerabilidad.

                                                  

   Y ahora entra una circunstancia importantísima: la Ley de Extranjería que ha estado vigente hasta ahora, con parciales reformas. Cuando un inmigrante logra demostrar su estancia en España durante dos años, lo que la ley llama “arraigo” (empadronamiento, facturas, una cuenta bancaria de difícil obtención), puede tener acceso a una tarjeta de residencia si obtiene una oferta de trabajo.  Claro está que el empresario no le va a dar la oferta de trabajo fácilmente por varios motivos. Primero: porque si no conoce al inmigrante será imposible que la conceda y, si lo conoce, tampoco se la dará porque teniéndolo ilegal le paga según su voluntad y se ahorra la Seguridad Social. Segundo: porque si le hace la oferta de trabajo y el joven alcanza la residencia, lo más probable es que se vaya a buscar otro empleador que le pague según ley. En el mejor de los casos, alcanza un contrato de trabajo discontinuo (como muchos españoles actualmente), que le llevará a tener empleo según períodos y necesidades de la empresa. O sea, según temporadas agrícolas. A este respecto, recordemos a quienes trabajan en pleno verano bajo los plásticos de Almería a 50 grados.

   Cuando hablamos de regularización y de integración olvidamos algo esencial: el día después de tener la tarjeta de residencia. España necesita obreros capacitados en numerosos oficios: albañilería, carpintería, fontanería, electricidad, jardinería conducción de furgonetas y camiones, hostelería y un largo etcétera. ¿Existen cursos suficientes para formarlos? Decididamente, no. Hay algunas, poquísimas excepciones. Que el inmigrante ya exista oficialmente en España, con expectativas de empleo, no significa que venía capacitado ni que vaya a recibir formación. Esta es la realidad española. Se nos llena la boca con el número de inmigrantes que regularizamos pero miramos hacia otra parte cuando se trata de facilitarles un empleo digno y formado.  La inmigración en Canadá es un proceso estructurado enfocado en atraer talento extranjero para cubrir necesidades económicas, permitiendo vivir y trabajar a largo plazo. El sistema, gestionado por IRCC, incluye programas como Express Entry (trabajadores cualificados) y programas provinciales, priorizando la experiencia laboral y educativa. Los inmigrantes conforman más del 21% de la población, con altas tasas de éxito en la integración. En España, no. Un joven con tarjeta de residencia se tiene que buscar la vida solo y, como trabajará de sol a sol mayoritariamente en la agricultura, no tiene ni tiempo ni dinero para costearse un cursillo de mecánico de coches o de fontanero, por ejemplo. También, siempre agobiado por las demandas de dinero de su familia. Y todo esto, sin entrar en algunos inmigrantes que poseen diplomas de cualificación empresarial, informática o universitaria, que no les sirven de nada pues nadie les orienta ni facilita su homologación. 

                                                   

   El inmigrante en esas condiciones solo tiene una riqueza: su propio cuerpo, que es el instrumento para el trabajo. Por ello, muchos hacen deporte o, si pueden, acuden a un gimnasio. De su cuerpo dependen una o dos familias y él mismo.

   Las oficinas de extranjería están tremendamente saturadas. Faltan funcionarios con capacitación. No basta con agregar funcionarios de otros sectores. Pedir cita en una de esas oficinas, especialmente en las grandes ciudades, es prácticamente imposible: ni por teléfono ni por Internet. En ellas no reciben sin cita previa, que es casi imposible de alcanzar. Si esto era así antes de la regularización en masa que viene, el efecto va a ser un caos total.

                                                    

   Mucho se ha escrito y hablado del “efecto llamada” que tiene cualquier regularización en España. Los diversos gobiernos españoles han tratado de anularla por varios caminos. Uno es el de pedir la colaboración de gobiernos africanos mediante generosas subvenciones. La consecuencia ha sido relativamente positiva, ya que algunos gobiernos de esos países, o se han embolsado gran parte de las ayudas aplicando una aparente vigilancia de sus costas, o han solicitado más ayudas. Ellos saben que un ciudadano que marcha a Europa es un problema laboral menos y una fuente de ingresos al país por medio de divisas y por los envíos de dinero a sus familias. En cuanto a las mafias, siguen y seguirán enriqueciéndose con ese mercado humano, con o sin la “vista gorda” de los propios gobiernos locales. La corrupción no está en uno o dos continentes, sino en todos. Es evidente que España tiene miles de kilómetros de costa y vigilar todas, especialmente en el sur y el este peninsulares, es prácticamente imposible. Seguirán llegando cayucos y lanchas. El efecto llamada es innegable, a no ser que queramos mirar hacia otro lado o llevar el tema al campo político. Se ha convertido en un lucrativo negocio para muchos o en un arma de presión para algún gobierno vecino. 

                                                      

   La adecuada regularización no está en la cantidad de tarjetas de residencia que se conceden sino en la calidad de la atención, formación e integración que se presta al inmigrante a partir del día después.

   De momento, esta última regularización pretende que esas personas pasen de ser fantasmas a ser ciudadanos. Y eso nos tiene que alegrar a todos.